FINCA&HOGAR INMOBILIARIA

 

El año de las moratorias, las ayudas al alquiler y el fin de los desahucios para frenar el golpe del covid

La crisis del coronavirus ha venido acompañada de un aluvión de medidas en materia de vivienda encaminadas a ayudar a los hogares más vulnerables en plena pandemia sanitaria.

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno ha puesto en marcha moratorias hipotecarias y del alquiler, una línea específica del ICO para pagar la renta, se han prorrogado de forma automática los contratos de alquiler y se han paralizado los lanzamientos por impago de los hogares vulnerables, así como el corte de los suministros básicos. Y muchas de ellas se mantendrán activas durante los próximos meses.

Repasamos las principales medidas que se han aprobado en los últimos meses en materia de hipotecas y de ayudas al alquiler:

Moratorias hipotecarias (legal y sectorial)

El Gobierno aprobó a el 17 de marzo, en el primer Consejo de Ministros tras el decreto de estado de alarma, un paquete de ayudas económicas para hacer frente a la pandemia sanitaria, entre las que se encontraba una moratoria de la hipoteca, incluyendo tanto el capital como los intereses.

Se trataba de una moratoria del pago del préstamo que podía ser solicitada por los trabajadores afectados por la crisis del covid. Pocos días después la medida se amplió también al colectivo de los autónomos y se incluyó, además de la vivienda habitual, la hipoteca sobre los inmuebles vinculados a la actividad económica (como por ejemplo una pequeña oficina o un local). Eso sí, para poder acogerse a esta posibilidad, el Ejecutivo definió unos requisitos muy concretos… y muy exigentes.

Entre ellos, haberse quedado sin empleo o haber sufrido un fuerte recorte de los ingresos; que la cuota de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, resultara superior o igual al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que antes de la moratoria los ingresos de todos los miembros del hogar no superaran en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, que es de 537,84 euros (en adelante IPREM), lo que significa que no podían superar la cantidad de 1.613,52 euros al mes. Además, las familias estaban obligadas a acreditar si situación de vulnerabilidad, así como un plazo para presentar la documentación.

La medida fue prorrogada en el mes de julio hasta el 30 de septiembre (ya que la duración prevista era de tres meses) y no hubo más aplazamientos. Lo que sí se mantuvo fue la posibilidad de los hipotecados de negociar con el banco una nueva moratoria, a través de la bautizada moratoria hipotecaria sectorial, que fue la alternativa que puso la banca encima de la mesa a principios de abril al margen de la legal (la aprobada por el Gobierno) con el objetivo de llegar a más hogares vulnerables.

En este caso, la medida estaría vigente durante un periodo máximo de un año y los requisitos eran menos exigentes: bastaba con haber entrado en un ERTE, haber perdido el empleo o haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o un cese de actividad en el caso de autónomos. Eso sí, la formalización de la hipoteca debía ser anterior al 14 de marzo de 2020. Además, establecía diferentes maneras para devolver el dinero: podía prorratearse en la cuota mensual una vez terminada la moratoria, o bien podía prolongarse la vida de la hipoteca en el mismo periodo temporal que se produzca la interrupción del pago, entre otras opciones.

La alternativa sectorial es la que ha tenido mejores cifras, como consecuencia de que establecían menores requisitos. Según los últimos datos del Banco de España, a cierre de noviembre se habían concedido más de 226.500 moratorias hipotecarias legislativas (las promovidas por el Gobierno), cuyo volumen pendiente de amortización superaba los 20.300 millones de euros. En el caso de las moratorias sectoriales (las de la banca), el número de concesiones superaba las 793.000, con un volumen de más de 31.400 millones de euros. Este resultado mejora con creces la previsión que habían hecho los notarios, quienes esperaban medio millón de estas moratorias hipotecarias. A pesar de que estas moratorias sectoriales también dejaron de concederse a finales de septiembre, la banca se mostró abierta a negociar caso por caso con aquellos clientes que siguieran en dificultades para pagar el préstamo.

Además de los préstamos hipotecarios, el Gobierno también puso en marcha una moratoria para los préstamos al consumo por un plazo de tres meses.

La moratoria del alquiler y prórroga de los contratos

A finales de marzo, tras anunciar las moratorias hipotecarias, llegaron las medidas anticovid específicas en materia de alquiler, con las que el Gobierno quería ayudar a medio millón de inquilinos vulnerables.

Entre las medidas estaban una prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual que vencieran en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma (esto es, hasta principios de junio). Y en septiembre anunció una nueva prórroga, vigente de momento hasta el próximo 31 de enero de 2021.